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Navarra se suma a Euskadi, Cataluña, Galicia y Baleares en materia de política lingüística
El 29 de marzo ha aprobado un acuerdo por el que se prueba la adhesión al Protocolo suscrito en marzo de 2007
El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un Acuerdo por el que se aprueba la adhesión al Protocolo general de colaboración, suscrito el 16 de marzo de 2007, entre el Gobierno Vasco, la Generalitat de Catalunya, la Xunta de Galicia y el Govern de las Islas Baleares en materia de política lingüística, y autoriza al director gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera para la firma del protocolo de adhesión.
El pasado 14 de mayo de 2016, en el seminario que reunió en Valencia a los máximos responsables en materia de política lingüística de varias comunidades, los representantes del Gobierno de Navarra manifestaron la voluntad de adherirse a este protocolo dado el interés por sumar esfuerzos en este ámbito. Los miembros de la Comisión de Seguimiento del Protocolo, en representación de los gobiernos respectivos, aprobaron por unanimidad la adhesión del Gobierno de Navarra, que designará lo antes posible a sus representantes, quienes se integrarán en la Comisión de Seguimiento creada al amparo del protocolo firmado en 2007, como miembros de pleno derecho y con las funciones, los derechos y los deberes que les correspondan.
Este protocolo de adhesión extenderá sus efectos desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 2017, y se podrá prorrogar tácitamente por periodos anuales.
Las partes firmantes del protocolo expresaban su voluntad de fijar un marco general y una metodología para el desarrollo de la colaboración mutua en materia de política lingüística. Así, en materia de comunicación, las instituciones firmantes intercambiarán información relativa a estudios e investigaciones para el seguimiento de la evolución sociolingüística, la difusión de sus publicaciones electrónicas, los pasos dados en el ámbito de los derechos lingüísticos, las experiencias de implantación de planes lingüísticos, planes lingüísticos específicos, y experiencias o metodologías relativas al seguimiento y evaluación de programas.
En materia de terminologías, intercambiarán información sobre las metodologías y los procesos de trabajo, los criterios para la normalización terminológica, las estrategias de difusión e implantación de terminologías y métodos de seguimiento del nivel de implantación.
Medidas y acciones normativas
Asimismo, en lo que respecta a la protección y uso de las lenguas oficiales en el ámbito de la Administración del Estado y de la UE, los firmantes promoverán que el Estado y la UE adopten medidas y acciones normativas, y promoverán que se posibilite el uso de las lenguas oficiales distintas al castellano en sus instituciones, como Congreso y Senado, Administración de Justicia o sociedades estatales, además de promover medidas tendentes a que las instituciones del Estado impulsen políticas activas a favor de la normalización de estas lenguas.
En el ámbito socioeconómico, se intercambiarán ejemplares de las publicaciones y estudios oficiales, así como sobre leyes, reglamentos o disposiciones normativas.
Otros aspectos contemplados son la enseñanza, las tecnologías de la información y la comunicación, el uso social de la lengua o su difusión internacional.
Finalmente, se fija como herramienta fundamental de concreción del protocolo la elaboración de un plan de actuación de carácter anual.
